«Un tercio de las PYMES contrataría más empleados si cobrase antes sus deudas». Con éste titular tan directo empieza el artículo que publica el diario El Economista en su sección sobre PYMES. Si la semana pasada os compartíamos contenido relacionado con la formación para las PYMES, ésta semana queremos compartir con vosotros un artículo que nos deja sobre la mesa una problemática existente en el día a día de las PYMES.

El artículo destaca que «Un tercio de las pymes españolas señala que podría contratar a más empleados si cobrasen antes sus deudas, según la reciente encuesta incluida en el Informe Europeo de Pagos que realiza cada año Intrum Justitia» en un estudio en el que se ha encuestado a 9.440 compañías en Europa sobre sus plazos de pago y su situación económica.

El Economista, recoge también que no son sólo las PYMES las que se encuentran en ésta situación, sino también las grandes empresas: «un 12% de las grandes empresas españolas opina exactamente lo mismo, lo que supone un potencial de empleo considerable en los sectores con mayores pagos. De hecho, la encuesta de Intrum Justitia revela que más de un millón de empresas en España contratarían más si los periodos de cobro fueran más cortos.» Según el director de Intrum Justitia Ibérica, Juan Carlos González, se trata de un «fallo del mercado» que reduce oportunidades de empleo para millones de europeos, y lamenta que las grandes corporaciones usen a proveedores subcontratados mucho más pequeños que ellas para financiar sus propios procesos de gestión de efectivo, algo que califica como «error» que genera desequilibrios en la sociedad.

Los plazos de pago

El artículo anteriormente esmentado, recoge la importancia de los plazos de pago en ésta situación, según el informe hecho por Intrum Justicia: el artículo resume que «el 65% de las pequeñas y medianas empresas españolas ha aceptado plazos de pago más largos de los que desearían y un 21% aseguran que la demanda de alargar los plazos provino de una gran multinacional. Casi dos tercios (65%) indican que los retrasos en el pago son «intencionados».

«Ejercer presión sobre empresas más pequeñas con el objetivo de que acepten plazos de pago más largos, provocando inseguridad y menos oportunidades de empleo no beneficia a largo plazo a ningún líder empresarial», indicó Carlos González.

El Economista deduce que «los retrasos en los pagos dañan a las empresas de cualquier tamaño, pero las pequeñas y medianas empresas están menos protegidas. De hecho, el 34% de las empresas españolas encuestadas asegura que no cuentan en ningún caso con garantías bancarias, seguros de crédito, comprobaciones de crédito, prepagos, servicios de cobro de deudas o protección contra impagos. Además, desciende respecto al año pasado el porcentaje de empresas que toman al menos una de las precauciones anteriormente citadas.»

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- PYMES: la problemática de no cobrar las deudas